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Escuela de liderazgo para niñas y mujeres jóvenes en el sector educativo

Publicado: Mar, 13/02/2018 - 19:00

Una apuesta política para la construcción de paz plasmada en este texto entregado por el Instituto Para La Investigación Educativa y El Desarrollo Pedagógico. 

Reflexiones realizadas durante la implementación del proceso pedagógico “Escuela de liderazgo para niñas y mujeres jóvenes”, realizado con estudiantes del sector educativo oficial de Bogotá durante el segundo semestre de 2015.

En él, se busca fortalecer las ciudadanías de las mujeres a partir de la potenciación de habilidades para la participación y el liderazgo, y de la re-significación de la relación mujeres y poder. Al tiempo, se quiere promover la acción, incidencia política y la toma de decisiones de las estudiantes para la construcción de convivencias escolares pacíficas en sus colegios.

De lo político y el poder: condiciones culturales y subjetivas que determinan la participación de las mujeres en la esfera pública

La noción de la política o de lo político es amplia, se puede relacionar con el interés o bien común, con la acción del Esta-do ejercida mediante la institucionalización o con el ejercicio del poder orientado a la toma de decisiones e incidencia en un ámbito específico. Por lo general se asocia  lo político con la pública y a esta con lo masculino. Como sistema político vigente en Colombia, la democracia reconoce a todas las personas libres e iguales ante la ley, para el goce de sus derechos y para el ejercicio pleno de sus ciudadanías.

El Observatorio de Asuntos de Género, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la República de Colombia, expresa que hay una enorme brecha en el ejercicio efectivo del poder de las mujeres con respecto a los varones, por razones históricas y culturales del acceso a los derechos civiles y políticos:

Es de resaltar que Colombia, desde que se conformó como república independiente en 1830, ha tenido procesos electorales, pero las mujeres solo empezaron a participar de ellos en 1957: ciento veintisiete (127) años después. Esos años de desventaja, sumados a todos los elementos culturales de un país en el que la cultura machista es predominante, más las condiciones de pobreza y vulnerabilidad a las que se ven desproporcionalmente enfrentadas las mujeres, generan unas condiciones de desigualdad con barreras visibles e invisibles, para la competencia de las mujeres por el poder (OAG, 2014, p. 5)

Esto no desconoce al género, la raza o discapacidad; también las condiciones materiales de las niñas, jóvenes y mujeres en Colombia median en su acción poñló9tica, el empobrecimiento y el conflicto armado con sus consecuencias (específicamente materiales) las ubican en una posición marginal respecto a varones y a mujeres de clases dominantes. Influyen en ello las múltiples presiones que recaen sobre las mujeres en razón al género, la racialización o la orientación sexual, entre otras condiciones. El acceso al poder y a lo político está determinado por condiciones que limitan a ciertas poblaciones (mujeres, indígenas, entre otras) para hacer efectivas sus ciudadanas. Específicamente para las mujeres el poder público ha sido  vetado desde antaño y, aunque hay avances, nos encontramos lejos de considerar equitativa la distribución del poder en razón al género. Según datos del OAG:

Con base en los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, solo el 17.5% de mujeres hacen parte de los gabinetes ministeriales de los países de América Latina y el Caribe en el último período presidencial. Únicamente el 22.4% de mujeres conforman el principal órgano legislativo nacional de esos países; tan solo el 19% de mujeres son magistradas en la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia (OAG, 2011, p. 2).

El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido posible solo a partir de intensas luchas de los movimientos feministas, los cuales progresivamente han logrado posicionar en la agenda pública sus derechos civiles y políticos (derecho al voto, a la pro-piedad, ley de cuotas para lograr paridad en cargos públicos, entre otros), que si bien se materializan en la incorporación de mujeres a espacios de decisión, aún están lejos de lograr la paridad en las relaciones sociales y en la redistribución del poder.

El Observatorio de Asuntos de Género realizó un seguimiento a la aplicación efectiva de la Ley de Cuotas a nivel nacional y concluyó que en general se cumple la Ley, sin embargo, al desagregar los datos identificó un incumplimiento sostenido en diferentes entidades (OAG, 2011).

Lea el contenido completo en la página del IDEP.

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