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La educación en lo rural y el acuerdo de Paz

La reflexión de alguien que votará pero con cierta frustración con respecto a los lineamientos que sobre educación, en lo rural, quedaron consignados en el documento.

Septiembre 6, 2016

He leído el Acuerdo de la Habana. Con especial atención he analizado el capítulo sobre la Reforma rural integral y, de manera particular, el ítem sobre la educación en lo rural -1.3.2.2-. Por su contenido infiero que todo lo acordado en esta materia prácticamente corresponde al desarrollo mismo de la Constitución del 91 y a propuestas de solución que desde diferentes lugares, especialmente el académico, se han planteado con respecto a los problemas que históricamente han obstaculizado los caminos del desarrollo con equidad, justicia y bienestar social para los pobladores del campo.    

Votaré SI al acuerdo, pero con cierta frustración con respecto a los lineamientos que sobre educación, en lo rural, quedaron consignados en el documento.

Estoy de acuerdo con muchos académicos e intelectuales de la política, cuando afirman que una paz estable y duradera –tal como lo expresa el título del Acuerdo- y un desarrollo sostenible, en todas las dimensiones, sólo son posibles si en las entrañas del proceso se genera una educación vigorosa, vigente y pertinente, capaz de formar los actores o agentes directos que asumirán la tarea de sacar adelante estos magníficos propósitos.

Desafortunadamente los trece puntos que relaciona el documento, en materia educativa para lo rural, en mi concepto, tienen poca profundidad y se quedan cortos frente a los compromisos del mismo Acuerdo y los desafíos que tendrá que asumir lo rural en las próximas décadas.  Es más, algunos de los asuntos planteados allí ya se vienen resolviendo, en alguna medida, bajo el Proyecto de Educación Rural –PER- del Ministerio de Educación Nacional, adelantado en los últimos catorce años mediante un crédito del Banco Mundial.

¿Sería que los negociadores del Acuerdo no tuvieron la suficiente ilustración para proyectar una educación que fuera capaz de empoderar a las nuevas generaciones de las herramientas y competencias con las cuales puedan asegurar una paz estable y duradera? En mi opinión no hubo tal ilustración. Por ejemplo, los llamados “modelos educativos flexibles” impulsados por el MEN han sido una alternativa importante para avanzar en cobertura, con menor inversión que en la educación urbana, sin embargo no todos están pensados para asegurar una educación vigente y de calidad -según evaluaciones realizadas-, ni menos aún para formar actores de desarrollo en y desde lo rural, en el sentido integral. No es suficiente el argumento de que por estar desarrollando proyectos pedagógicos productivos –a veces más productivos que pedagógicos- se está brindando una formación pertinente y de calidad. 

Si el desarrollo rural debe orientarse bajo el enfoque de desarrollo territorial es totalmente coherente asumir que la educación tendrá que garantizarle a los educandos rurales las condiciones de posibilidad institucionales y pedagógicas para que se formen como actores inteligentes, innovadores y solidarios del desarrollo territorial, con modos de pensar, desear y sentir su realidad, sistemáticamente organizados, para actuar crítica y proactivamente en ésta. En consecuencia, la Institución educativa rural deberá convertirse en inteligente, innovadora y solidaria y, por ende, la política educativa del Posconflicto debería orientarse por este camino.

Por su parte, el Acuerdo también se quedó estrecho cuando, soportado en un direccionamiento de política de mediados del siglo pasado, establece que las instituciones educativas deben incorporar en el nivel medio, la formación técnica agropecuaria.  Quienes hemos estado vinculados al tema de la educación rural sabemos que una buena cantidad de instituciones que traían este perfil debieron cambiarlo porque los estudiantes ya no quisieron este tipo de formación, mientras otras están en decadencia; sobreviven las que han asumido nuevas perspectivas y modos de asumir una formación pertinente en lo rural. Seguramente algunas voces dirán que en el Posconflicto los estudiantes volverán a estas profesiones porque las condiciones productivas y de bienestar rural van a mejorar. Seguramente en algunas regiones será así, sin embargo no se debe olvidar que uno de los derechos que tiene el ser humano, que lo debe garantizar un estado democrático, es el de escoger y asumir la formación que, según sus capacidades y vocación, le interese; derecho que en lo urbano es posible ejercer, de algún modo.

¿Por qué los jóvenes, en lo rural, no pueden asumir su formación en artes? ¿O en asuntos administrativos? ¿O en sistemas? ¿O en investigación territorial? ¿Por qué no la formación para ser gobernantes de su territorio? entre otras profesiones u oficios.  ¿Cómo se les podría garantizar a los niños, niñas y jóvenes rurales que se formen, según sus potencialidades, en lo que aspiran?. Estoy convencido que el desarrollo rural con enfoque territorial necesita, además de técnicos agropecuarios, artistas, médicos, enfermeros, guías de turismo, administradores públicos, maestros, investigadores, expertos en sistemas, técnicos en obras civiles, etc., los cuales tendrán que ser formados en lo rural porque de la ciudad, seguramente, pocos profesionales llegarán a estos territorios en las próximas décadas, tal como ha sucedido históricamente.

Ahora bien, hay que recordar que en el marco de las normas la educación técnica corresponde, según la Ley 30, a la educación superior. Lo preocupante es que en este nivel poco se da una oferta de educación pensada y proyectada para el desarrollo rural integral, por varias razones: lo uno, porque en lo rural pocos jóvenes tienen la posibilidad de pagar los costos de matrícula y, por ende, las instituciones de educación superior o universidades no ofrecen allí sus programas; lo otro, porque cuando a los jóvenes rurales se les brinda becas para estudios superiores prefieren, en su gran mayoría, estudiar programas no relacionados directamente con el agro, tal como ha sucedido con el fondo de becas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como podrá colegirse, por estas y muchas razones más, una educación que apoye y proyecte el desarrollo rural con enfoque territorial, tal como lo promueve el Acuerdo, deberá ir mucho más allá de lo estipulado en el documento. El problema es más estructural y, por ende, requiere de medidas que aseguren vigencia y pertinencia educativa, eficiencia del sistema educativo, enfoque educativo pertinente, flexibilidad del sistema de trabajo escolar, carrera docente particular para lo rural, educación media orientada a formar actores de desarrollo territorial, educación superior con un modelo organizacional apropiado para lo rural y programas de formación técnica, tecnológica y profesional, pensados desde lo rural y para el desarrollo territorial, en perspectiva de lo global.

No obstante mi relativa inconformidad con lo pactado sobre la educación en lo rural, reitero mi voto por el SI, ya que el Acuerdo, así sea imperfecto, me brinda la tranquilidad para opinar, disentir y proponer, tal como debe ser en un estado democrático y en Paz.

*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad estricta del autor.
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Escrito por
Maestro normalista, licenciado en Ciencias Sociales, magister en Dirección Universitaria, especializaciones en Filosofía de la Ciencia y Filosofía Política Contemporánea, Ph.D. en Ciencias Humanas.
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Gustavo González Palencia
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