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¿Problemas de titulación? En Santa Marta cerrarían varias instituciones educativas

Grupo de particulares está en proceso de reclamación de los predios donde estos funcionan.

Junio 20, 2018

Desde el Concejo de Santa Marta hubo un llamado de alerta a la Alcaldía de la capital de Magdalena, por el lío jurídico que enfrentan varios colegios públicos en la región al no poseer el título del predio en donde se encuentran edificados.

El presidente del Concejo, Jorge Yesid Ospino, indicó que de no resolverse la legalización de las propiedades en favor de los colegios, serán varios los estudiantes que se quedarían sin un lugar para recibir sus clases.

Actualmente, según se indica, los terrenos en donde están construidas las instituciones educativas pertenecen a particulares, quienes ya adelantan el proceso legal de reclamación y podría darse un fallo que afectaría el normal desarrollo del cronograma académico.

“Cada vez la situación se pone más compleja y no se le está prestando la atención debida por parte de la Alcaldía, esperamos que reaccione y se haga una gestión correcta para no perjudicar a nuestros estudiantes”, señaló el coadministrador.

Para abordar esta problemática, el Concejo de Santa Marta citará a la Secretaría de Planeación, con un objetivo claro: que se planteen las propuestas de solución y las acciones en general que se vienen liderando para blindar la red educativa distrital.

“Cualquier día los jóvenes puede que lleguen a recibir sus clases y no puedan hacerlo porque la propiedad del colegio ahora pertenece a un particular, esto ocasionará no solo una afectación presupuestal al Distrito sino un perjuicio muy grande a la educación pública”, añadió.

Entre las instituciones en riesgo de perder el terreno se encuentran Aeromar, 11 de Noviembre, Jaqueline Kennedy y Bonda, entre otras. En estos planteles la preocupación es inminente entre rectores, docentes y padres de familias. Todos se encuentran a la espera de una solución por parte del ente territorial encargado de la red educativa en la región.

En el peor de los escenarios, los reclamantes adquirían el derecho sobre el terreno y tendrán la potestad de exigir el traslado de los colegios que funcionan allí de manera irregular, en este caso, no habría manera de seguir con el calendario escolar y las clases deberían suspenderse hasta tanto la Alcaldía llegue a un acuerdo o disponga de otros escenarios para atender a la población estudiantil.

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Diego Fernando Barragán Giraldo
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