Secretaría de Educación de Bogotá pone ‘en cintura’ a los establecimientos ilegales

La Secretaría de Educación del Distrito viene trabajando en cambiar el enfoque de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos ilegales, con el ánimo de alcanzar resultados efectivos y un mayor control sobre los colegios. Es así como se están desarrollando herramientas para facilitar el reporte de estos casos por parte de la ciudadanía y rediseñando el trámite sancionatorio para reducir los términos.

Se trata de 1808 colegios privados, 401 oficiales, 429 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH), 129 centros de enseñanza automovilística, 900 fundaciones, corporaciones y asociaciones, así como 1408 asociaciones de padres de familia sobre los que se debe ejercer la función de vigilancia.

De mayo a diciembre de 2018, la entidad aumentó las actuaciones administrativas, pasando de 57 a un total de 133 decisiones en el periodo mencionado. Las instituciones que incumplen evaden la norma y, una vez impuesta la sanción, a través de recursos dilatan la ejecución de la misma.

Es por esto que la Secretaría de Educación está mejorando la gestión de inspección y vigilancia, acelerando los términos en la etapa de indagación y en la formulación de cargos. De esta manera, el proceso se reduce de 3 años a uno. Además, tiene georreferenciados los colegios, según el uso del suelo, para asegurar un mayor control sobre las instituciones.

También se está formulando un nuevo reglamento territorial que: 1.) Armoniza las acciones con el nuevo Plan Maestro de Equipamientos Educativos. 2.) Precisa la articulación de actividades y competencias entre director local, nivel central de la Secretaría de Educación y alcaldías locales. 3) Establece algunos roles y regula las actividades del personal a cargo de inspección y vigilancia. 4.) Implementa el comité asesor de inspección y vigilancia, en el cual participan el nivel central y local. 5.) Especifica los criterios para la autorización de los derechos académicos. 6.) Unifica los criterios para los diferentes procedimientos de otorgamiento de licencias, aprobación de costos y procesos administrativos en general.