América Latina y el Caribe restan relevancia a la educación en su Agenda Digital

En una columna anterior, “¿Quién tira la carreta: la educación o la economía?”[2], comenté el poco peso que se le da a la educación en las estrategias de desarrollo hacia la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. En esa ocasión analicé dos trabajos. Uno fue “La nueva revolución digital: de la Internet del consumo a la Internet de la producción”[3], con las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para una estrategia regional. El otro fue el estudio que dio base a las mencionadas recomendaciones y en el que se documenta con indicadores el porqué de esa propuesta, “El ecosistema y la economía digital en América Latina”[4]. Estudio coordinado por Raul Katz.

El balance de ese análisis es que la estrategia de desarrollo para la sociedad de la información asumida para la región, está centrada en la economía con casi nulo énfasis en el tipo de educación que se desea para la población.

Tal conclusión se ratifica al revisar la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018)[5], que es el Plan de Acción aprobado por la Quinta Conferencia Ministerial de agosto pasado. Éste permite identificar dónde se origina la iniciativa de restarle preponderancia a la educación en los procesos regionales para integrarnos a la sociedad de la información.

Veamos. eLAC2018 es producido para la región a partir de todas las actividades impulsadas por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)[6]. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó en el año 2000 a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para que coordinara un proceso global e integral para movilizar al planeta hacia la sociedad de la información. El tamaño del reto favoreció que se iniciaran procesos regionales para recoger los aportes de los múltiples actores interesados en participar. Para nuestra región se designó a la CEPAL como el organismo de la ONU encargado de motorizar las actividades. Así pues, se han producido diversos Planes de Acción: eLAC2007, eLAC2010, eLAC2015 y, ahora, eLAC2018.

De manera que el documento aprobado en México es un insumo regional para el proceso mundial de la CMSI, que tiene programado reunirse a finales de este 2015, en Brasil.

Los Planes de Acción promovidos por la CMSI presentan un esquema de trabajo para que cada región identifique las líneas de acción que consideran prioritarias, con sus respectivos objetivos. En el Plan de Acción, modelo establecido en Ginebra 2003, se identifican 11 áreas de acción como referencia. Una de ellas, la cuarta, es la dedicada a la educación bajo el título de “Creación de Capacidad”. Además, resulta ser de las más detalladas en cuanto a objetivos.

Se entiende que en la dinámica del proceso, las personas que han participado en las discusiones, todos actores interesados, han ido reordenando esas referencias para ajustarlas a la diversidad de situaciones encontradas en la realidad local. Así pues, eLAC2018 se plantea como misión:

“Desarrollar un ecosistema digital en América Latina y el Caribe que, mediante un proceso de integración y cooperación regional, fortalezca las políticas que impulsen una sociedad basada en el conocimiento, la inclusión y la equidad, la innovación y la sostenibilidad ambiental.”

Los técnicos que han trabajado el documento en cuestión proponen cinco áreas de acción:

• Acceso e infraestructura
• Economía digital, innovación y competitividad
• Gobierno electrónico y ciudadanía
• Desarrollo sostenible e inclusión
• Gobernanza para la sociedad de la información

Dentro del área “Desarrollo sostenible e inclusión” está el único de los 23 objetivos en que hace mención a la educación:

“Objetivo 14: Incorporar o fortalecer el uso de las TIC en la educación y promover el desarrollo de programas que contemplen la capacitación de docentes, nuevos modelos pedagógicos, la generación, adaptación e intercambio de recursos educativos abiertos, la gestión de las instituciones de educación y evaluaciones educativas.”

Varias observaciones se pueden sacar de esta revisión. Una es que la débil presencia de la educación en la Agenda Digital de la región es el resultado del trabajo de profesionales y técnicos originarios de América Latina y el Caribe, que participan como actores interesados en los mecanismos establecidos para construir los Planes de Acción. De manera que es difícil argumentar que exista una conspiración internacional para mantener subcapacitada a nuestra población ante los retos de la sociedad de la información. Estos documentos son producidos desde la región misma.

A diferencia de los actores interesados provenientes de los gobiernos y del sector privado, es notorio que la sociedad civil y la academia tienen más dificultades para participar en los mecanismos previstos para incidir en la Agenda Digital. Y son precisamente estos últimos los sectores tradicionalmente más sensibles a los aspectos sociales como la educación. Por un lado deben ser reconocidos y convocados por los respectivos gobiernos para poder participar en los diversos mecanismos instrumentados. El sartén por el mango al momento de decidir lo tienen principalmente los gobiernos y estos no siempre se rigen por criterios incluyentes. Para hacer más complicada la situación se requiere financiamiento para trabajar continuamente en los temas y, además, para poder asistir a los eventos presenciales. El presupuesto, entonces, es otro factor de exclusión de aquellos más sensibilizados al aspecto educativo.

En síntesis, modificar el sesgo economicista de las agendas digitales pasa por instrumentar mecanismos de participación para todos los actores involucrados que sean realmente incluyentes, que estén abiertos a una mayor incidencia de la sociedad civil y de la academia.