La cultura ciudadana como núcleo de una ciudad educadora

Se considera al barón Haussmann como el primer gran reformador urbano que, ante el desmesurado crecimiento poblacional y económico de París y la incapacidad cada vez más ostensible de sus gobernantes para controlarla, le fue encomendada por encargo de Napoleón III, en 1860, la reconstrucción de la ciudad. Su legado a las ciudades de nuestro tiempo, pese a su gran simplicidad, se pueden sintetizar en dos grandes supuestos: a) Es conveniente tratar los problemas de la ciudad como un todo, esto es, que los cambios en un sector (espacial, arquitectónico, vial, recreativo) inevitablemente transformarán otros sectores de la vida urbana (social, económico, cultural, educativo); y b) Al cambiar el aspecto físico-espacial de la ciudad se cambia la estructura social del núcleo urbano.

Dichos supuestos nos llevan a inferir que cualquier propuesta de ciudad educadora tiene que tener en cuenta esa articulación orgánica entre, por un lado, los cambios físicos- espaciales con las transformaciones en las pautas sociales; y por otro, la influencia y el efecto que producen las políticas particulares de una administración sobre la vida cotidiana de sus habitantes.

Dichos supuestos nos llevan a inferir que cualquier propuesta de ciudad educadora tiene que tener en cuenta esa articulación orgánica entre, por un lado, los cambios físicos- espaciales con las transformaciones en las pautas sociales; y por otro, la influencia y el efecto que producen las políticas particulares de una administración sobre la vida cotidiana de sus habitantes. No sin razón se considera que la denominada cultura urbana, que para los propósitos de esta columna puede ser perfectamente equivalente y equiparable a la cultura ciudadana y a la cultura política, se construya a partir de una práctica significante con la ciudad, de una interacción con las múltiples realidades que nos ofrece la urbe, busca darle un horizonte de sentido y un significado a nuestras acciones y a nuestro estar en el mundo.

Pero si los núcleos urbanos pueden entenderse a través de lo histórico, lo urbanístico, lo geográfico, lo literario y hasta lo religioso, es claro que son los medios infocomunicacionales los que progresivamente se han ido encargando no sólo de producir segregaciones socioespaciales, sino a la vez, y paradójicamente, de democratizar los diferentes espacios públicos de la ciudad. De esta forma, mientras se segmentan y realzan espacios propios para las clases altas, la farándula y la clase política (discotecas, restaurantes, clubes, tiendas de ropa, etc); al mismo tiempo se incorporan y se asimilan lenguajes (jergas, acentos, prosodias, regionalismos), informalidades económicas (circuitos de producción, distribución y consumo), barrios y localidades, relaciones inusitadas entre lo público y lo privado, y prácticas culturales idiosincráticas. Por tanto, no se puede decir que exista una segregación total de la sociedad en las ciudades porque la coexistencia de personas en diferentes escenarios es dinámica y compleja y, sobre todo, porque las fronteras entre lo formal y lo informal pueden estar inscritas en un arco temporal por la prevalencia de una u otra posición en que, quien hoy es vendedor ambulante, mañana puede vincularse a una empresa o convertirse en propietario de una microempresa.

En tal sentido, podría apuntalarse una pedagogía de la legalidad y la convivencia que haga visible la dimensión institucional y política de los acuerdos y los consensos, presentando estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana en la definición y evaluación de las políticas públicas, así como para la reforma de las normas legales y las prácticas culturales. 

En este contexto político y social, la ciudad educadora de hoy en día no puede reducirse, pues, al fomento de virtudes cívicas o al auspicio bienintencionado de programas para fortalecer la capacidad de llegar a acuerdos entre ciudadanos sobre conflictos de la vida cotidiana. Se hace necesario realzar la dimensión jurídica de la ciudadanía mediante el reconocimiento del carácter democrático de su construcción y no sólo por su capacidad de consumo o adquisición de bienes. En tal sentido, podría apuntalarse una pedagogía de la legalidad y la convivencia que haga visible la dimensión institucional y política de los acuerdos y los consensos, presentando estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana en la definición y evaluación de las políticas públicas, así como para la reforma de las normas legales y las prácticas culturales. Si la ciudad ha sido el espacio de representación del poder a lo largo de toda su historia, es necesario que, a través de la educación y la pedagogía que ella misma nos ofrece con sus códigos y sus símbolos, se convierta ahora en espacio de una nueva realidad política y social que se expresa en el libre acceso al espacio público, la resolución de la contradicción entre asentamiento y movimiento, y el ejercicio natural de la asociación, que no es otra cosa que la mayor expresión de la sociabilidad humana.

Es por todas estas razones que la educación, en todos sus niveles, desde preescolar hasta doctorado, tiene la obligación de incrementar el uso de los procedimientos democráticos para cambiar las normas jurídicas, así como proporcionar las herramientas técnicas y cognitivas para ampliar y cualificar la discusión pública buscando que los ciudadanos comprendan y acepten su utilidad para aclarar diferencias, dirimir conflictos y celebrar acuerdos, y por supuesto, potenciar la capacidad de las asociaciones para construir nexos de solidaridad y representar a los ciudadanos en las decisiones de carácter público. Dicho objetivo implica la armonización de las relaciones del ciudadano con sus convicciones morales, con las normas legales y con su identidad cultural, lo cual conlleva producir cambios en la forma en que los ciudadanos se relacionan consigo mismos, con los demás, con el Estado y, sobre todo, con esa ciudad que han elegido como hábitat, como refugio y como morada.