El Proyecto de ley 370 busca reformar la Ley 1620 y quitar la potestad a los colegios de incentivar y fortalecer el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los estudiantes.
Frente al derecho de acceso a educación inclusiva que poseen las personas con discapacidad, ¿cómo debería responder la Corte Constitucional de Colombia?