Nuevo Gobierno: Retos de política pública para ampliar acceso a la Educación Superior

Fomentar oportunidades de acceso a la educación superior y continuar cerrando las brechas entre sectores sociales es un reto mayúsculo que deberá afrontar el nuevo gobierno nacional. Si bien en todos los niveles educativos perdura la preocupación respecto a los factores asociados al acceso y la permanencia en el sistema, mismos que requieren de decisiones públicas urgentes y efectivas, el puente entre la educación media y la superior, es, por decirlo menos, uno de los principales cuellos de botella que sostienen la brecha de desigualdad en el país.

El limitado acceso a este nivel educativo se encuentra anclado a la calidad de la educación básica y media, a las condiciones socioeconómicas de las familias y a las características propias del mismo sistema de educación superior. De acuerdo con el Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública del año 2017, a medida que un estudiante transita por la educación básica y media, aumenta sus probabilidades de no ingresar al nivel educativo inmediatamente siguiente. Mientras que la cobertura neta en educación básica primaria llegó al 84% en el año 2016, en educación secundaria se ubicó en el 71% y en educación media solo alcanzó el 43%.

Aunado a lo anterior, en los últimos años la probabilidad de acceder a la educación superior de un joven del quintil más pobre se ha mantenido considerablemente por debajo de la de un joven proveniente del quintil más rico. Según información de la OCDE y el Banco Mundial (2012) y del mencionado Informe de la Comisión, la probabilidad de un joven muy pobre de acceder a la educación superior aumentó del 7% en 2001 al 10% en 2014. En contraste, un joven del quintil más rico incrementó sus probabilidades en el mismo periodo del 40% al 59%.

Dicho esto, el nuevo gobierno deberá analizar los cursos de acción más apropiados para intervenir las causas del acceso limitado y contrarrestar las consecuencias inmediatas de esta situación. Se puede afirmar que este fenómeno se encuentra anclado a cuatro elementos: (i) la calidad de la educación básica y media; (ii) la capacidad financiera de las familias; (iii) el desarrollo de competencias socioemocionales y procesos de orientación socio ocupacional; y, (iv) la dispersión de la oferta de educación superior en el país.

En primer lugar, continúa vigente la brecha de calidad entre colegios públicos y privados y entre zonas urbanas y rurales, visto desde los resultados que obtienen los estudiantes en la Prueba saber 11°. En el periodo 2016-2, únicamente el 5% del total de estudiantes que presentó el examen obtuvo resultados suficientes para ser potenciales beneficiarios de Ser Pilo Paga; de los jóvenes de estrato 1, por ejemplo, solo el 14% superó el puntaje requerido por el programa.

Lo más inquietante de esta situación es que el 85% de los jóvenes que superó este umbral provenía de colegios ubicados en zonas urbanas, y que independientemente de la zona de origen, el 53% se encontraba matriculado en colegios privados. Lo anterior reafirma la urgencia de medidas para cerrar las brechas de calidad tomando en cuenta las variables ya descritas. La evidencia indica una relación directamente proporcional entre el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la disminución del rezago y la deserción escolar.

En segundo lugar, ante un escenario con cupos limitados en la educación superior pública, habrá que preguntarse por las opciones de financiación que se brindarán a los jóvenes. Alrededor del 94% de las personas que presentaron Saber 11° en el segundo periodo académico de 2016, potenciales demandantes de educación superior en todo el país, provenía de hogares de estratos 1, 2 y 3.

Mensualmente, el 28% de estas personas recibía menos de un (1) salario mínimo legal vigente y el 45% recibía entre uno (1) y menos de dos (2). En este sentido, será importante precisar el papel del ICETEX en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y preguntarse si se mantendrá intacto el esquema de Ser Pilo Paga o se avanzará en acciones de política pública que contribuyan a aumentar las oportunidades de todos los jóvenes de escasos recursos, no solo de los pilos, de acceder a educación superior de calidad.

En tercer lugar, el papel de la orientación escolar y de las competencias socioemocionales es un aspecto medular en la toma informada de decisiones de los jóvenes. Si bien en esta materia no existe información cuantitativa que permita hacer un acercamiento a la dimensión del problema, lo cierto es que potenciar los procesos de orientación de los jóvenes para generar transiciones efectivas a la educación superior, puede constituir un logro importante en la apertura de nuevas y mejores oportunidades a los sectores más vulnerables. Programas como “Buscando carrera” del Ministerio de Educación Nacional o apuestas como “Yo Puedo Ser” en la Secretaría de Educación de Bogotá ameritan ser tenidas en cuenta para potenciar sus efectos en los jóvenes.

En cuarto lugar, la dispersión de la oferta de educación superior es posiblemente el problema más complejo de solucionar. Según un informe preliminar del Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES, en el año 2018, Bogotá concentró alrededor del 30% del total de sedes activas de las instituciones de educación superior del país, y junto con Antioquia (13%) y Valle del Cauca (13%) agrupan más del 50%. 

Del mismo modo, según reportó el Ministerio de Educación, en 2015, alrededor del 60% de los matriculados en este nivel se encontraban ubicados en no más de cinco departamentos, incluida la capital del país. Esta situación insta a pensar en medidas orientadas a desconcentrar la oferta de formación de las grandes ciudades, y llevarla a municipios donde los estudiantes no cuentan con recursos para cambiar de lugar de residencia mientras cursan sus programas. Habrá que preguntarse por las medidas más efectivas para lograr este objetivo con un enfoque de cierre de brechas.

Sin duda la educación constituye uno de los principales instrumentos para el desarrollo social de un país; fomentar oportunidades de acceder a una educación de calidad es, posiblemente, la estrategia más efectiva para escapar de las trampas de la pobreza y romper con la transmisión intergeneracional de las desigualdades. El abordaje de los cuatro elementos aquí mencionados será clave para disminuir la brecha de inequidad del país y enfrentar los retos derivados del posconflicto.