De la consulta y la validación, a la verdadera participación

Los acuerdos de La Habana retoman la necesidad planteada desde la Constitución Política de 1991, de contar con mecanismos de participación que le permitan a la ciudadanía organizarse y establecer diálogos legítimos con el Estado.

Coherente con este enfoque, el Gobierno ha venido convocando a la construcción participativa de planes y proyectos a nivel nacional y territorial. Ejemplo de ello son los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que se están consolidando en las 16 regiones priorizadas, y el Plan Especial de Educación Rural, liderado desde el Ministerio de Educación y que se ha abierto a consulta permanente con organizaciones de la sociedad civil.

Estos ejercicios le apuntan, entre otras cosas, al fortalecimiento de la democracia y a recobrar la confianza en el Estado por parte de las comunidades. Se reconoce que hay un avance en plantear estos escenarios pero, sin embargo, estos deben seguir transitando de la consulta y la validación, a la verdadera participación.

Es clave también que se reconozca lo que ya existe en los territorios; por décadas, estos lugares se configuraron incluso sin presencia del estado. Esto implica que en ellos se han construido relaciones de poder, vínculos sociales, alternativas propias a la solución de problemáticas, que deben estar incluidas en los planes y proyectos formulados.

Llama la atención, por lo menos en el caso de educación, la dificultad de partir del reconocimiento de la existencia de diversos tipos de escuela, de saberes y de maestros en territorios específicos, así como de experiencias y alternativas educativas construidas por las comunidades y que se salen del modelo planteado desde el centro. 

Estas prácticas y pensamientos diversos  están situados en lugares de poder “no oficiales” que muchas veces siguen apareciendo como de segundo orden frente a un único pensamiento válido, científico e institucional.

Esto tiene más sentido aún si se piensa en el sector rural y rural disperso del país. Los planes y proyectos deben alejarse cada vez más del modelo de desarrollo centralista pensado en la lógica centro-periferia y en el que las soluciones a problemas locales se siguen tomando desde Bogotá. En esta lógica, existe una experticia desde la que se definen las políticas que deben ser implementadas y existe una escuela, un maestro, que desde un lugar subordinado operativiza y pone en escena estas propuestas.

El llamado es, también, a que estos planes reconozcan los vacíos estructurales  del sistema, y la manera en que, por lo menos en el sector rural, la normatividad vigente no ha logrado ajustarse a la realidad de los territorios.

La verdadera participación, entonces, debe iniciar por dar valor a lo que ya existe, a las voces y propuestas diversas que se han construido en cada lugar. Es necesario, también, fortalecer los espacios para la participación y la capacidad de las comunidades para aportar en estos espacios más allá de la demanda, desde la visibilización y construcción de propuestas para sus propios territorios; participación en la planeación, pero también en la ejecución y el seguimiento a lo planeado.

En la medida en que los territorios se fortalezcan, la lógica centro-periferia tendrá que ir dejando espacio a la construcción de muchos centros igualmente válidos y valiosos para esta nueva apuesta de país.

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