De la ilusión a la frustración

Cuando se conoció el actual Plan de Desarrollo, 2014-2018 (Ley 1753 de junio 9 de 2015) “Todos por un Nuevo País” y sus pilares (Artículo 3º) “Paz, Equidad, Educación”, se vislumbró un esperanzador panorama para el sector público educativo, teniendo en cuenta que, por primera vez, se ubicaría “la educación”, como parte estructural de un programa de gobierno.

De igual forma, se escuchó de manera reiterativa que “por primera vez en la historia del país, el presupuesto de la educación, superaría al de la guerra” y de hecho se presentaron cifras en el papel, que volvían y regocijaban creyendo que por fin se podrían administrar unos Fondos de Servicios Educativos, al menos, con algún grado de dignidad.

Pero no: se empezó a ver la realidad que no podía ser otra que la que se ha venido fundamentando en un sistema inequitativo, disfuncional y viciado, y no iba a ser este gobierno el que terminaría con el círculo vicioso que se ha trazado a su alrededor.

Primero fue el despilfarro en campañas publicitarias pagados a medios de televisión divulgando el programa Ser Pilo Paga; luego, los pagos a universidades privadas para el mismo Programa, como si las universidades públicas, muchas con Registro Calificado, no pudieran cumplir con los requisitos para continuar la formación en el Nivel Superior (Ciclo Técnico, Tecnológico, Profesional); contratos múltiples en el ministerio con salarios supremamente altos cumpliendo cuotas políticas, y otros que en nada significaron valor agregado a la educación pública: no generaron inversión solo gastos.

Pero, lo que faltaba y ahora se hizo evidente en el giro del Ministerio de Educación Nacional el 30 de abril, es el recorte a los recursos que cada año tienen que girarle a cada establecimiento educativo público del país para darle sostenibilidad a la llamada “gratuidad educativa”.

No es suficiente haber iniciado el año escolar 2018 desde enero atendiendo estudiantes, y haber permitido que entrara en vigencia la Ley de Garantías sin dichos recursos, sino que el giro lo hacen el 30 de abril pero, gracias a la presión ejercida por la Organización de Rectores que les agremia a nivel nacional, ASODIC en un comunicado que colocaba en “estado de ALERTA a las comunidades educativas del país y en especial a la docencia directiva nacional para suspender las actividades administrativas institucionales, DECLARANDO LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA A PARTIR DEL LUNES 16 DE ABRIL, plazo máximo que se fija para que se transfieran los recursos de gratuidad” no obstante el giro lo realizan el 30 de abril a la mayoría de establecimientos.

Resulta incoherente, hablar de calidad educativa y garantizar procesos administrativos, directivos, financieros, y de proyección a la comunidad que son directamente responsabilidad de la gestión de las Rectorías, si no se garantizan los recursos económicos, ya irrisorios, que cada año son girados a cada establecimiento, y para los cuales se tenían en cuenta cifras proyectadas por niveles, pero que esta vigencia y por primera vez, son recortados significativamente (Ver cuadro 1)

_{Cuadro 1}

Una institución que para la sostenibilidad en unos gastos básicos tiene que distribuir este dinero en aproximadamente 30 contratos, algunos sin posibilidad de recorte debido a que son indispensables para la operatividad de los sistemas y procesos resulta casi inviable soportar un sistema de gestión no solo de calidad, sino el de seguridad y salud en el trabajo, pues además de las cuatro Áreas de Gestión, se tiene que garantizar la sostenibilidad, operatividad y efectividad de los Proyectos Obligatorios, y estar atentos a lo que implica mitigar riesgos y amenazas que debido a la antigüedad de estas construcciones con acueductos, alcantarillados y sistemas sanitarios y eléctricos dañados u obsoletos, unidos al vandalismo y cultura de destrucción de algunos estudiantes, hacen que la función de rectoría sea desarrollada cada vez, bajo circunstancias deplorables, degradantes y carentes de garantías  para cumplir con unos mínimos indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.

De ahí que el sistema sea cada vez más corrupto [1] y perverso, y que quienes han llegado a él, con la convicción de que la educación es el único medio para lograr que una sociedad evolucione garantizando unos estados ideales de convivencia y disfrute de la existencia, sean testigos excepcionales, directos del fracaso y la frustración que traen como consecuencia la mentira y el engaño de quienes legislan y ejecutan las políticas públicas en nuestro país.

Carentes de espacios físicos para atender emergencias, y de personal calificado en áreas como: Psicología, enfermería, trabajo social;  ni espacios dignos de interacción, sí que cobra relevancia el tema de los recursos administrados desde la Ética de la Convicción y de la Responsabilidad, y con una visión sensible y transparente que conozca el sistema desde la base, no solo desde la visión burocrática y egoísta para obtener beneficios y lucro personales.

[1] “La Corrupción es cualquier acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión a los deberes Institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la Administración y que en su lugar, los impide, retarda o dificulta” Willy Pérez en su obra Estado y Corrupción.

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