Perspectiva de justicia educacional en la política pública educativa en Chile

El sistema educativo chileno y sus políticas públicas actuales se enfocan en temas de justicia educacional como son la equidad,  la inclusión, el mérito y  la calidad (Bernasconi, 2015). En la actualidad la mayoría de países en desarrollo han logrado la cobertura en la educación básica y secundaria, pero pocos han avanzado en los temas de justicia educacional en sus contextos como lo ha hecho Chile. Estos temas son centrales para garantizar al ciudadano la educación como un derecho social.       

La equidad en las políticas chilenas se ha visto reflejada en acciones como la ampliación de la jornada escolar (JEC), para “nivelar la cancha” de modo que los estudiantes más desaventajados puedan recibir una educación más completa que permita desarrollar el currículo en una jornada más extensa. También en políticas como el refuerzo a la educación preescolar, con la Ley 20835 de 2015 que crea la Secretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. Así mismo, la equidad se promueve con políticas como las becas del JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) y otras ayudas que reciben los estudiantes (en alimentos, transporte, beneficios psicosociales, etc.)

Por su parte, la inclusión se ha reflejado en intervenciones en todos los niveles educativos. En la formación  básica y de secundaria, por ejemplo, la Ley de Inclusión de 2014 (Ley 20845) no permite la selección y la discriminación en la admisión escolar de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido (los co-pagos por parte de los padres), y prohíbe el lucro en establecimientos que reciben fondos del estado. En la educación superior hay acciones de inclusión como la gratuidad educativa, que en la actualidad permite el acceso sin cargos a la educación postsecundaria de los estudiantes del 60% más vulnerable en ingreso. También se encuentra la legislación que favorece la educación superior pública como la Ley 20.910/2016 (que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales), y la nueva Ley de Educación Superior –Ley 21091/2018 (que consagra la gratuidad, crea una Superintendencia de Educación Superior y ordena a Ministerio de Educación que desarrolle la “Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional”).

El mérito se promueve  con políticas como el criterio del ¨puntaje ranking¨ para la admisión de los estudiantes a los estudios superiores. El puntaje ranking da indicios del potencial para las actividades académicas ya que compara al estudiante con relación a sus pares bajo las mismas condiciones de formación en los colegios. Esto permite pronosticar como será a futuro su desempeño en el contexto post secundario, lo cual no puede ser detectado por las pruebas estandarizadas que favorecen a los estudiantes de los contextos más aventajados.

Finalmente, la calidad es el producto de políticas como las que instauraron el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (Ley 20529). También, la calidad esta favorecida por la nueva institucionalidad, por ejemplo, la ¨Agencia de la Calidad Educativa¨ y la ¨Superintendencia de Educación¨, que han servido el propósito de elevar la calidad enfocándose en el aprendizaje. Además, los indicadores de calidad que verifica la Agencia no se restringen solo a aspectos académicos sino al desarrollo integral del estudiante¨ ya que se han incorporado indicadores sobre el desarrollo personal y social. En cuanto a la calidad en la educación superior, la Ley 20800 de 2014 aprueba el cierre de instituciones de educación superior por diversas causales que afecten a los estudiantes (por no cumplir con sus objetivos estatutarios, por incurrir en acciones contra la moral o el orden público, o infracciones graves a su propio reglamento).

En resumen, las políticas educativas chilenas se basan en unos principios de justicia educativa (la equidad,  la inclusión, el mérito y  la calidad) que sustentan la educación como un derecho social. Esto puede ser la clave para el progreso educativo y para el desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo, es necesario que las políticas que respaldan estos principios sean  producto de un acuerdo social en el que los ciudadanos comprendan su importancia y las implicaciones a futuro. También es importante que estos principios fundantes se sostengan por encima de los intereses particulares, por ejemplo, de los proveedores del servicio educativo y de los sostenedores o empresas relacionadas con la educación. Finalmente, la educación tiene que verse como un  bien social (así como lo es la salud pública) que requiere financiamiento y que por tratatarse de un servicio público debe ser regulado y mejorado por la autoridad con la participación y la veeduría de los ciudadanos.