Cerca de la educación, lejos del conflicto

Al menos la mitad de los jóvenes de las áreas rurales de Colombia no llegan a superar el quinto grado de primaria. Cuando alcanzan los 16 años, casi 75% está fuera del sistema educativo; 20% nunca ha ido a la escuela. Esto significa que jóvenes de 13, 14 o 15 años están abocados a un futuro con escasas o nulas oportunidades, lo que los hace más vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados o los lleva a trabajar en la economía ilegal de las drogas. El analfabetismo de la población adulta, en estas zonas, es muy alto.

Un estudio recién publicado por el Centro Noruego de Resolución de Conflictos (Noref) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), titulado: El verdadero fin del conflicto armado, explica cómo las más de cinco décadas de conflicto han ampliado la brecha de la educación en áreas rurales y urbanas. La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural.

Dos factores se combinan para explicar la precariedad y la falta de opciones para los jóvenes y los adultos de las áreas rurales: El primer factor hace referencia a que ellos han sufrido especialmente este conflicto. Hay ocho millones de víctimas inscritas en el registro único; un tercio tiene menos de 18 años y la mitad, menos de 28. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en relación con el conflicto son muy graves: desplazamiento, reclutamiento forzoso, extorción, violencia sexual, secuestro, amenazas, tortura, desaparición y asesinatos.

El segundo factor que explica su situación de precariedad es la amplia gama de problemas del sistema educativo en las áreas rurales. Por un lado, la escasa presencia del Estado en las zonas rurales y, por otra parte, las mismas pocas escuelas han sido objeto de ataques y han sufrido los efectos del conflicto. Los grupos armados han usado los centros educativos como campamentos temporales, lo que impide la práctica educativa; los caminos para llegar a algunas las escuelas están minados, y la escuela es en ocasiones un escenario de propaganda y reclutamiento, en lugar de un entorno protector.

Muchos maestros que tratan de impedirlo tienen que huir cuando son amenazados. La inseguridad y la violencia en la escuela y en la ruta hacia la escuela evitan que 4% de estudiantes del sexo femenino y 5% de los estudiantes de sexo masculino acudan a centros educativos.

El sistema educativo carece, en áreas rurales, de condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de los alumnos y la educación de calidad: en algunos casos, atendidos por el Consejo Noruego para Refugiados, los jóvenes deben recorrer grandes distancias para llegar a la escuela; hay una grave carencia de profesores suficientemente capacitados y muchos de ellos tienen contratos temporales, hecho que limita el impacto de las formaciones en quienes las reciben; los uniformes y útiles escolares son muy caros para las familias pobres, y los calendarios y horarios rígidos hacen que muchos dejen la escuela en época de cosecha y ya no regresen por la dificultad de “ponerse al día”. Las infraestructuras escolares son precarias y la inversión se ha centrado en las cabeceras municipales.

La educación pública ofrecida no siempre es relevante para la cultura, el medio ambiente y la identidad de las poblaciones étnicas. El programa de estudios, desarrollado en las comunidades afrocolombianas e indígenas rurales, a menudo no se adapta a su cotidianidad y su entorno para satisfacer sus necesidades, y por lo tanto disminuye la relevancia de lo que se enseña.

Los programas de alfabetización, en zonas rurales afectadas por el conflicto, son limitados y las modalidades flexibles de enseñanza, que pueden adaptarse a las necesidades de los jóvenes y adultos que trabajan o que han estado fuera de la escuela por un largo período, no están disponibles en todos centros educativos. Como consecuencia de un conflicto prolongado, niños y jóvenes (hoy en día adultos) que habitan en la zona rural nunca retomaron la educación después del desplazamiento forzado.

El esfuerzo institucional que Colombia ha llevado a cabo para mejorar la educación no ha alcanzado a estas zonas. Si la educación ha recibido en los últimos años una inversión pública anual de aproximadamente 4,6% del PIB, sólo 0,5% ha alcanzado al área rural. Esto se refleja en datos y encuestas sobre rendimiento escolar: si se toma a dos jóvenes del mismo curso, uno en el área rural y el otro en la urbana, la diferencia entre ellos equivale a tres años de aprendizaje.

La falta de educación, de oportunidades laborales formales y la condición de pobreza, se han convertido en la receta perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el país. Por eso un elemento clave para poner fin a los interminables ciclos de violencia en Colombia será ofrecer oportunidades educativas.

La oportunidad es ahora

Diversos estudios han mostrado que el acceso a una educación relevante y de calidad contribuye a la estabilización y a la construcción de la paz por su capacidad para ofrecer dividendos rápidos y tangibles a las poblaciones afectadas, mejorar la legitimidad de las instituciones y crear oportunidades para la participación y la transformación social.

En áreas de conflicto, la educación proporciona no solo protección, estabilidad, conocimientos esenciales y habilidades para la vida, sino que es clave para alcanzar soluciones duraderas. Por esta razón, y por más de una década en Colombia, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) ha promovido que la población afectada por el conflicto continúe aprendiendo en los lugares más afectados por el conflicto.

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